Abstract – Woman joined the Spanish armed forces for the very first time at the beginning of the nineties, almost 30 years ago. Since then we have noticed how the military environment has changed, and how the laws have been developed together with our democracy. However, regarding the woman in uniform, there are many issues pending to be solved. Indeed, the new protocols approved about sexual harassment in 2015 were not well followed on the new “supposed” case found into the barracks, still under investigation. Therefore, the information and methodology were not correctly implemented and taught yet.

On the other side the statistical data of the cases denounced and finally won shows a big difference comparing the military versus the common Justice, so those numbers speak about the problems and the barrels that whatever victim of sexual harassment must break for having “Justice”, most of them are finally denied as you may check in the following article.

The original article is available hereunder. Please contact AUME for further information.

SITUACIÓN DE LA MUJER MILITAR ESPAÑOLA RESPECTO AL ACOSO LABORAL & SEXUAL

Los últimos datos estadísticos del Observatorio para la igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, (FAS), de diciembre de 2017, dicen que hay 102.352 hombres (87,3%) y 14.904 mujeres (12,7%). Respecto del “máximo empleo alcanzado por las mujeres militares”, son mujeres oficiales el 8,6%, son mujeres suboficiales el 4,9% y suponen el 16,6 % de mujeres la Tropa y Marinería.

Un dato significativo lo encontramos en el apartado “evolución de la mujer en las FAS”. En el año 2000 las mujeres suponían el 6,6% de la plantilla de los ejércitos españoles, y en 2017, el 12,7%. Este dato podría interpretarse como que se ha incrementado en más del doble el número de mujeres en las FAS, pero desde el año 2007 hasta el año 2017 el tanto por ciento está estancado en el 12%. En una década el número de mujeres no ha aumentado significativamente.

La desigualdad numérica y en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones respecto de la mujer sobre el hombre existe, es una realidad objetiva. El estancamiento de este número puede responder a la inexistencia de políticas feministas y comprometidas con la Igualdad en el área de Defensa.

Tras esta radiografía estadística en un mundo tradicionalmente masculino y que visibiliza que hoy también está masculinizado, abordamos las relaciones de género. En el momento en el que en un lugar conviven hombres y mujeres se establece lo que se conoce como “relaciones de género”. Con el famoso caso de la comandante retirada Zaida Cantera, ahora diputada en el Congreso por el Partido Socialista, salió a la luz la existencia del acoso sexual y laboral en las FAS, y que el ejército no es un espacio libre de machismo. Gracias a este caso mediático a nivel nacional, a la presión social, feminista y política, se han establecido mecanismos para intentar prevenir y tratar casos de acoso sexual en las FAS. Así, en 2015 se elaboró el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo.

El Observatorio de la vida militar, ha realizado un estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las FAS. Los primeros datos oficiales sobre casos de acoso sexual y por razón de sexo se refieren a los iniciados en 2016: en el ámbito penal se iniciaron 16 procedimientos, 11 se encuentran en fase de instrucción, habiéndose elevado a sumario los 5 restantes. En el ámbito disciplinario, de los 6 expedientes iniciados, dos pasaron al ámbito penal y los 4 restantes se encuentran en trámite. Según este estudio, y utilizando como fuente datos del estudio a su vez, del Tribunal Militar Central, los procedimientos penales relacionados con los distintos tipos de acoso en el periodo 2004-2015 han sido:

• Acoso sexual: 2 sobreseídos, 3 absoluciones y 12 condenas.
• Acoso por razón de sexo: 2 absoluciones y 1 condena.
• Acoso profesional: 9 sobreseídos, 8 absoluciones y 9 condenas.

Del estudio del Observatorio de la vida militar se extrae también que el Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo merece una valoración positiva como primer paso en la actuación de las FAS para hacer frente al acoso, pero no es todo lo deseable que se espera de él, ni eficaz, y ya ha recibido las primeras críticas: debe ser completado y perfeccionado, así, La “Tolerancia cero” debe llegar con mayor intensidad a los miembros de las FAS y debe ser conocida por la sociedad en su conjunto; el protocolo no trata de forma específica el acoso profesional; no es de aplicación al personal civil que trabaja para el Ministerio de Defensa; no realiza ninguna referencia a la normativa sobre riesgos laborales; hay que simplificar y sistematizar las medidas de protección de la víctima recogidas en el Protocolo, en la Guía práctica para la víctima y en el Manual de buenas prácticas para el mando ante situaciones de acoso, de manera que sean más accesibles para las propias víctimas y para las autoridades que deben imponerlas. Además, del voto particular que expresa Mariano Casado en dicho estudio, el Protocolo no contempla medidas de protección a los testigos; en relación con las garantías de las víctimas se debería citar expresamente la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito; el personal de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA) debe estar destinado en las mismas y no solo adscrito, sus profesionales deben tener dedicación exclusiva para estos cometidos sin relación por ejemplo con la tramitación de los expedientes disciplinarios, como es el caso de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de cada UPA, debiéndose evitar la relación con la cadena de mando.

Recientemente ha saltado a los medios un caso de abuso sexual a una soldado por parte de compañeros militares. El llamado caso “Antequera” ha dado qué hablar, tal y como relata Mariano Casado, jurista experto en derecho militar y miembro del Observatorio de la vida militar, de las situaciones de “desajuste” tanto en el papel y respecto de los derechos de la víctima como sobre el rol de la cadena de mando militar y la intervención de los órganos judiciales en la investigación. El Jefe de Unidad no actuó directamente denunciando él mismo al órgano judicial, no se entiende que se dé parte de un hecho ya judicializado, la víctima ha tenido que contar los hechos en cuatro lugares diferentes, no aparece la actuación de la UPA y, por tanto, este caso hace que nos tengamos que cuestionar la eficacia de las medidas de prevención y de apoyo a las víctimas. No conocemos la verdadera dimensión del acoso en las FAS en España.

Son necesarios datos y recogida de estos exhaustiva para que seamos capaces de poner soluciones. Desde luego, estamos ante la punta de un iceberg que parece albergar una inmensidad si buceamos y tanto los protocolos para prevenir como para abordar el acoso en las FAS están fallando. Desde AUME tenemos conocimiento de que hay mujeres militares que prefieren no denunciar acosos porque el proceso por el que tendrían que pasar después de interponer parte o denuncia es demasiado doloroso. En ese momento hemos fracasado.